FOROS TEMÁTICOS
Se trata de espacios de participación de profesionales, estudiantes, docentes, referentes de prácticas pre profesionales, miembros de organizaciones sociales, funcionarios, especialistas, en el que se realizan presentaciones que invitan al intercambio, el debate y las propuestas acerca del área temática de referencia.
Esperamos que los foros puedan culminar con la presentación de conclusiones y reflexiones sólidas que puedan incidir en reformulaciones y sentidos acerca de metodologías y concepciones de abordaje en varios ámbitos.
La intención es considerar aquellas conclusiones prescriptivas que todo diagnóstico porta (vinculadas a lo que no está bien, a lo que falta; esas conclusiones que sin duda condensan certezas, posiciones y reivindicaciones sectoriales) para poder imaginar, rescatar y nombrar los aportes necesarios para achicar las brechas entre los marcos normativos y las prácticas.
Brechas que también se presentan entre los problemas sociales (en sus múltiples significaciones y modos de construirlos) y los procesos de formación, las políticas públicas y la intervención social.
A continuación compartimos 4 breves documentos con ideas generales acerca de cada uno de los foros, elaborados por los equipos organizadores.
INFANCIAS, ADOLESCENCIAS Y FAMILIAS.
APORTES DESDE LAS CIENCIAS SOCIALES PARA EL FORTALECIMIENTO
DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS
La consolidación de la Doctrina de Protección Integral, plasmada en la Convención Internacional sobre Derechos del Niño que en nuestro país adopto estatus constitucional, significo una transformación en las concepciones en torno a la infancia que se implicó un “giro copernicano” respecto de los paradigmas anteriores. La sanción de la ley Nº 26.061 de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, promulgada el 21 de octubre del año 2005, represento un hito en nuestro país, al interpelar los sentidos y alcances de la intervención del Estado sobre la niñez, ya que a través de sus disposiciones se propuso una superación del modelo de abordaje prevaleciente hasta ese momento. Este viejo modelo, asentado en la doctrina de la situación irregular, organizaba un modelo de política pública que tenía como vector a la agencia judicial y el organismo administrativo cumplía funciones de clasificación de los “menores” a partir de lo cual se organizaban prestaciones fragmentarias a partir de la definición de “problemas” generalmente vinculadas a las características psicosociales del niño/a o de sus familias.
Pero, tal como lo plantean distintos autores, la adopción de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño como la sanción de la Ley de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, no fueron acompañadas por un debate interno en las distintas ciencias y disciplinas que abordan problemáticas de niñez y adolescencia (Costa; Gagliano, 2000). Durante el proceso de institucionalización de la CID se construyo un “frente discursivo” con notable preeminencia de actores del campo jurídico. De allí que los marcos interpretativos en relación a la definición de problemas, enunciación de prioridades y direccionalidad de las reformas estuvo orientado casi unívocamente a la transformación de las leyes que regulan la condición jurídica de la infancia. Consecuentemente se consolido una lectura liberal de la CIN- que, en función del carácter programático de los derechos económicos, sociales y culturales, tendió a priorizar la exigibilidad de los derechos civiles- instauró la presunción de que el principal problema de la relación entre el Estado y la niñez en la Argentina estaría dado por el carácter paternalista y autoritario de las leyes que regulan esta relación.
El debate en relación al enfoque de derechos para demarcar las políticas sociales para la infancia, quedo restringido a la separación eficaz de las políticas sociales de las políticas penales sin que se desarrolle consecuentemente un avance respecto de las acciones de protección y provisión necesarias para la garantía de derechos (Llobet, 2013).
La matriz interpretativa conformada a inicios de los ’90, que puede ser nombrada como interpretación fundacional, articula un conjunto de sentidos que pueden resumirse en los siguientes aspectos: la separación de la problemática penal de la problemática social; la supresión de la centralidad de la autoridad judicial en materia de infancia; la noción de corresponsabilidad del Estado con las familias y la sociedad civil, la brevedad de la institucionalización como criterio de éxito de la intervención y la individualización y psicologización de la asistencia como modo de entender las prácticas de protección de derechos (Llobet, 2011).
Consideramos que la posibilidad de pensar que tanto la producción de las normativas legales como los procesos de apropiación, interpretación e implementación de estos cambios están insertos en contextos particulares, permite superar las lecturas dicotómicas que ubican de un lado a los “homo sapiens”, productores y impulsores de valiosas normativas destinadas a lograr la felicidad de los niños, y del otro, a los “homo laborens”, que “contaminados” por el paradigma tutelar son incapaces de llevar a la práctica esas normativas ideales.
En este sentido, nos preguntamos si las dificultades para generar políticas públicas efectivas y adecuadas ante la amenaza o vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes no pone en evidencia un problema de mayor profundidad vinculado por un lado, con la producción de conocimientos orientados que permitan alumbrar cursos de acción alternativos en el plano de las practicas institucionales y por otro, con la escasa receptibilidad por parte de las agencias de formulación de políticas con los saberes que surgen de la práctica de los agentes institucionales y las investigaciones académicas. Observamos una brecha entre los mandatos legales que surgen de la consolidación del discurso de derechos y las posibilidades reales de los operadores institucionales para encontrar los modos de llevar a cabo esos preceptos. Una distancia ineludible entre un marco conceptual que impone un nuevo horizonte en los abordajes y las construcciones metodológicas que den cuenta de las formas para transitar esa búsqueda.
Al cumplirse los 10 años de la sanción de la Ley de Protección Integral e Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, creemos que la realización de este Foro constituye una oportunidad de establecer un balance respecto de las cuestiones mencionadas y establecer ejes problemáticos necesarios de ser profundizados desde las políticas públicas, la investigación y la formación profesional en torno a la posibilidad de sistematizar, construir, crear conocimientos aplicados que orienten las intervenciones con niños, niñas y adolescentes.
Pero, tal como lo plantean distintos autores, la adopción de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño como la sanción de la Ley de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, no fueron acompañadas por un debate interno en las distintas ciencias y disciplinas que abordan problemáticas de niñez y adolescencia (Costa; Gagliano, 2000). Durante el proceso de institucionalización de la CID se construyo un “frente discursivo” con notable preeminencia de actores del campo jurídico. De allí que los marcos interpretativos en relación a la definición de problemas, enunciación de prioridades y direccionalidad de las reformas estuvo orientado casi unívocamente a la transformación de las leyes que regulan la condición jurídica de la infancia. Consecuentemente se consolido una lectura liberal de la CIN- que, en función del carácter programático de los derechos económicos, sociales y culturales, tendió a priorizar la exigibilidad de los derechos civiles- instauró la presunción de que el principal problema de la relación entre el Estado y la niñez en la Argentina estaría dado por el carácter paternalista y autoritario de las leyes que regulan esta relación.
El debate en relación al enfoque de derechos para demarcar las políticas sociales para la infancia, quedo restringido a la separación eficaz de las políticas sociales de las políticas penales sin que se desarrolle consecuentemente un avance respecto de las acciones de protección y provisión necesarias para la garantía de derechos (Llobet, 2013).
La matriz interpretativa conformada a inicios de los ’90, que puede ser nombrada como interpretación fundacional, articula un conjunto de sentidos que pueden resumirse en los siguientes aspectos: la separación de la problemática penal de la problemática social; la supresión de la centralidad de la autoridad judicial en materia de infancia; la noción de corresponsabilidad del Estado con las familias y la sociedad civil, la brevedad de la institucionalización como criterio de éxito de la intervención y la individualización y psicologización de la asistencia como modo de entender las prácticas de protección de derechos (Llobet, 2011).
Consideramos que la posibilidad de pensar que tanto la producción de las normativas legales como los procesos de apropiación, interpretación e implementación de estos cambios están insertos en contextos particulares, permite superar las lecturas dicotómicas que ubican de un lado a los “homo sapiens”, productores y impulsores de valiosas normativas destinadas a lograr la felicidad de los niños, y del otro, a los “homo laborens”, que “contaminados” por el paradigma tutelar son incapaces de llevar a la práctica esas normativas ideales.
En este sentido, nos preguntamos si las dificultades para generar políticas públicas efectivas y adecuadas ante la amenaza o vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes no pone en evidencia un problema de mayor profundidad vinculado por un lado, con la producción de conocimientos orientados que permitan alumbrar cursos de acción alternativos en el plano de las practicas institucionales y por otro, con la escasa receptibilidad por parte de las agencias de formulación de políticas con los saberes que surgen de la práctica de los agentes institucionales y las investigaciones académicas. Observamos una brecha entre los mandatos legales que surgen de la consolidación del discurso de derechos y las posibilidades reales de los operadores institucionales para encontrar los modos de llevar a cabo esos preceptos. Una distancia ineludible entre un marco conceptual que impone un nuevo horizonte en los abordajes y las construcciones metodológicas que den cuenta de las formas para transitar esa búsqueda.
Al cumplirse los 10 años de la sanción de la Ley de Protección Integral e Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, creemos que la realización de este Foro constituye una oportunidad de establecer un balance respecto de las cuestiones mencionadas y establecer ejes problemáticos necesarios de ser profundizados desde las políticas públicas, la investigación y la formación profesional en torno a la posibilidad de sistematizar, construir, crear conocimientos aplicados que orienten las intervenciones con niños, niñas y adolescentes.
SALUD PÚBLICA:
ENCUENTROS Y DESENCUENTROS EN EL DERECHO A LA SALUD
En los últimos años hemos sido testigos de la mejora de la economía en nuestro país, así como de la reducción de la pobreza, en relación a lo que sucedía en décadas anteriores: “Hoy asistimos a una suerte de desfasaje entre la progresividad de las políticas sociales que actúan desde el enfoque de derechos sociales y la complejidad de los problemas sociales que persisten a pesar de la recuperación económica”. (Clemente, A.2014).
Observamos que la persistencia de los problemas complejos está asociada a que éstos cruzan los núcleos duros de la vulnerabilidad social. La profundización de esa complejidad está vinculada a los encuentros-desencuentros entre las políticas públicas y la población en el territorio.
El área de salud no es ajena a esta situación, apareciendo tensiones a partir de las modificaciones de las políticas públicas en la última década y una realidad signada todavía, a pesar de los avances, por las dificultades de accesibilidad, superposición y fragmentación.
A pesar de los nuevos paradigmas surgidos con la incorporación, en la última década, de normativas y políticas públicas que amplían los derechos sociales: Asignación Universal por Hijo, Ley de Salud Mental (26657/10), Ley Nacional de Violencia contra la Mujer (26.485/09), Ley de protección integral de los Derechos del Niño (Ley 26061/05), Ley de Salud Sexual y reproductiva (25673/03), Ley sobre derechos del paciente (Ley 26742), entre otras; se visualizan aún necesidades que no han obtenido una respuesta por parte de las instituciones públicas que, directa o indirectamente, tengan capacidad para actuar sobre los determinantes sociales de la salud y la salud de la población.
El modelo de atención que prevalece en la Argentina es un enfoque biomédico, curativo y hospitalocéntrico. Estas lógicas tienen consecuencias muy concretas en una práctica medicalizada. Las implicancias directas de estas lógicas llevan a procesos de asistencia médica fragmentados al interior de los propios establecimientos y no integrados con otros niveles de atención, generando pérdida de continuidad, de calidad y recursos.
Por otra parte se reconoce a la salud como Derecho (presente en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos), lo que para los sistemas de salud es aceptado y defendido ampliamente, sin embargo está claramente demostrado que falta mucho aún para pasar del discurso a la acción y en consecuencia a los resultados en relación a las acciones de protección y real garantía del ejercicio del derecho en materia de salud individual y colectiva.
Las distintas miradas históricas en torno a la salud, desde la idea del origen natural de los fenómenos de salud y enfermedad hasta su concepción como derecho, remiten a lógicas que conviven en las prácticas actuales.
Concebir un sistema de salud que comprenda y genere estrategias de abordaje que respondan a la complejidad implica abordar un cambio cultural dentro del propio sistema de salud. Este cambio cultural genera profundas incertidumbres, requiere repensar estrategias para abordar problemáticas emergentes relacionadas con un sector de la población que no ha salido de su situación de exclusión social.
Estas problemáticas se expresan en las instituciones de salud con una serie de dificultades que ponen en discusión los aspectos fundacionales y sus tradicionales formas de intervención social. Estas instituciones se ven sobrepasadas en su especificidad por la irrupción de nuevos problemas. De este modo, en una intervención desde un efector público de salud, pueden surgir cuestionamientos, necesidades y urgencias que trascienden la esfera institucional del sector y hacen transversales al conjunto de problemáticas que aparecen a partir de la complejidad de la cuestión social actual. De acuerdo con A. Clemente, podemos decir que la recuperación institucional aún no contiene el entramado de conflictos que dejó la crisis, especialmente en los territorios urbanos más pobres.
Las crecientes demandas relacionadas con el uso problemático de drogas, las diferentes formas de violencia, implican la necesidad de crear espacios de formación (profesional y pre-profesional), capacitación, discusión, intercambio, que promuevan diversas maneras de entender y pensar la salud, diferentes concepciones sobre el abordaje y construcción de nuevos criterios y modalidades de intervención, que consideren un contexto heterogéneo donde los viejos problemas de salud adquieren nuevas connotaciones. Desde aquí surgen interrogantes para repensar la práctica profesional y discutir en torno a la construcción de nuevas lógicas en el escenario actual.
Por lo tanto, nuestro ejercicio profesional se inscribe en territorios cada vez más complejos, enfrenta un laberinto tal, que nos exige como disciplina desarrollar una mirada hacia nuevas categorías e intervenciones innovadoras que nos permitan reflexionar en una realidad cada vez más difícil de abordar desde mecanismos tradicionales.
El ámbito de la Salud Pública no puede ser pensado en forma aislada. El desafío de enfrentar los problemas desde una perspectiva de derechos y no desde una lógica fragmentada implica incorporar en la agenda pública la coordinación intra e intersectorial.
Las crecientes expresiones de la complejidad de los problemas sociales, las desigualdades sociales, la fragmentación de la sociedad, la existencia de escenarios cambiantes y quebrantados generan nuevos padecimientos que interpelan a las instituciones y a las prácticas en la heterogeneidad de lo social. Esto desafía a las ciencias sociales en su conjunto y a nuestra intervención desde el Trabajo Social en particular. Los escenarios se presentan plagados de desigualdades e injusticias pero también de potencias y posibilidades. El intercambio y el trabajo colectivo nos convocan a la búsqueda de abordajes que superen y afronten la complejidad desde una salud pública realmente inclusiva.
ACCESO AL HÁBITAT EN AL ACTUAL CONTEXTO URBANO.
NUEVAS Y ANTIGUAS DIFICULTADES, NUEVOS Y ANTIGUOS DESAFÍOS.
EXPERIENCIAS COLECTIVAS, POLÍTICAS PÚBLICAS Y CONOCIMIENTO
El acceso a la ciudad, a condiciones dignas para la resolución de la vida cotidiana, sigue constituyendo un desafío enorme para las políticas públicas, para el Trabajo social, para el conocimiento generado en nuestra formación y para miles de familias cotidianamente.
Diversas políticas públicas se vienen desarrollando en este sentido: programas de construcción de vivienda, de acceso al crédito, de regularización dominial. Cada una de ellas con diferentes impactos, logros y dificultades.
Recientemente, se han conquistado algunas herramientas valiosas, como la ley 14.449 de la provincia de Buenos Aires, que dota al Estado de instrumentos para intervenir en un mercado de suelo históricamente desregulado y oligopólico.
Coexisten también un conjunto de iniciativas sociales que no necesariamente “encajan” en los formatos de los programas, pero que son portadoras de novedosas formas de resolución con un factor común: lo colectivo como forma superadora. Distintas experiencias de organización, de articulación, generan nuevos modos de habitar la ciudad y de resolver una necesidad. Comisiones barriales, redes, cooperativas, consorcios, grupos de beneficiarios de programas, por mencionar sólo algunas.
El Trabajo Social se ha propuesto históricamente fortalecer experiencias asociativas. Pero cuando el objetivo de estas experiencias se refiere al hábitat, surgen dificultades y desafíos particulares, propios de los procesos (dinámicos, complejos, contradictorios) de producción y uso del espacio urbano.
¿Cuáles son los aportes que desde las Ciencias Sociales en general, y desde el Trabajo Social en particular, se pueden hacer?
¿Cuáles son las herramientas (herencias y bagajes conceptuales y metodológicos) con que el Trabajo Social se acerca a estas experiencias y cuáles los nuevos aportes que este nuevo contexto requiere?
¿Cómo interpelan estos requerimientos a la formación?
¿Cómo pueden estos esfuerzos colectivos articularse con políticas que los reconozcan y los fortalezcan?
*Este foro cuenta con el apoyo de la Secretaría Nacional de Hábitat
El consumo de drogas ha sido abordado de formas muy diferentes a través de la historia: durante siglos fue una práctica inscripta en numerosas culturas; en los últimos cien años se la comenzó a entender como un delito, luego como una enfermedad y actualmente se la define como un problema social y sanitario. Por tanto se encuentra relacionado con lo cultural, en tanto se relaciona con los sentidos que se le atribuyen, con lo médico-sanitario, con lo jurídico, entendido como las normas que rigen una sociedad y desde lo social con las posibilidades que posee cada persona de desarrollar su proyecto de vida.
La problemática del consumo representa el malestar social de una época. No existe una cultura del consumo diferenciada de la cultura social, no existe una manifestación de un problema por fuera de lo que pasa en una comunidad, en el barrio dentro de la familia. Existen factores macrosociales, microsociales y personales que se ponen en juego en un consumo problemático. Es imposible escindir lo que sucede en cualquier institución educativa, de salud, de desarrollo social o de justicia de lo que pasa en la comunidad toda.
Resulta indispensable reparar en que la cuestión de las drogas es una temática fuertemente atravesada por el componente ideológico. Esto hace que las personas, en general, posean diferentes ideas, referencias y representaciones, en muchos casos influidas por una serie de prejuicios y estereotipos que distorsionan la mirada. Por ejemplo, la palabras droga o adicción suelen remitir a las sustancias ilícitas aunque las legales sean las más consumidas y las que más daños provocan.
En lo que al abordaje respecta tradicionalmente los discursos preventivos tuvieron un carácter marcadamente normativo donde los adultos imponen un saber construido desde valores absolutos e incuestionables con la pretensión de influir sobre las conductas de las personas que presentan consumos problemáticos, no obteniendo resultados favorables. La misma situación acontece en los tratamientos, teniendo hegemonía estrategias que intentan imponer cambios de estilos de vida, desconociendo las subjetividades de los sujetos, sus deseos y los contextos en los que desarrollan sus cotidianeidades.
El debate sobre la política de drogas en Argentina no es ajeno a una generalizada percepción acerca de las consecuencias del actual régimen de control, entre las que se cuentan el estigma y la discriminación de los usuarios de drogas, la saturación de los sistemas judicial y carcelarios, el crecimiento de un mercado ilegal controlado por organizaciones delictivas y la confusión entre políticas de seguridad y de salud.
No obstante, la construcción social del problema de las drogas -en tanto sustancias prohibidas-, y de su uso, en tanto desvío, continúa operando en la intersección de dos lógicas: la sanitaria, de cura, y la punitiva, de control. Resulta evidente que esta definición del problema como delito-enfermedad es sostenida aún por diversos actores gubernamentales como no gubernamentales, lo que se traduce en la dificultad para lograr cambios sustantivos en la formulación de políticas públicas. Avanzar en una reforma legislativa aparece entonces como un paso necesario para consolidar una perspectiva respetuosa de los derechos y garantías de las personas que usan drogas.
El propósito de este foro es analizar los diferentes enfoques, posiciones y las distintas prácticas que se desarrollan en torno a esta problemática, convocando a usuarios y usuarias, actores territoriales, funcionarios públicos, instituciones religiosas, organizaciones sociales y académicos. Proponiendo generar un debate a partir del encuentro de los diferentes saberes que permita visibilizar y postular cuáles son los nodos problemáticos que aún se deben trabajar, y en ese sentido direccionar la tarea de la Universidad en la búsqueda de respuestas y propuestas a través de la investigación, la docencia y la extensión.